Mesa redonda sobre el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida
Publicado el : 19 de Setiembre de 2026
En : General
El IEEM analizó junto a representantes de los tres principales partidos los alcances del proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores
Con aula llena, el IEEM llevó a cabo una mesa redonda para analizar el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, recientemente aprobado por unanimidad en el Senado y que ahora pasa a estudio de la Cámara de Diputados. El interés que despertó la convocatoria confirmó que se trata de uno de los temas centrales de la agenda económica del país.
La actividad fue moderada por Leonardo Veiga, profesor de Economía Política del IEEM, y contó con la participación de los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Sergio Botana (Partido Nacional) y Eduardo Brenta (Frente Amplio).
El informe de Veiga: cuatro bloques y cinco nudos críticos
La mesa estuvo enmarcada por un informe elaborado por Veiga desde la Escuela de Negocios, que sistematiza las opiniones, observaciones y sugerencias formuladas durante el tratamiento del proyecto en el Senado, reconstruyendo los principales argumentos planteados por el Poder Ejecutivo, los legisladores y las organizaciones que participaron del proceso.
En la apertura, Veiga explicó que el proyecto se estructura en cuatro grandes bloques: agilización de trámites y calidad regulatoria, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y las mipymes, y financiamiento, innovación e inversión.
A partir de ese análisis, el profesor e investigador del IEEM identificó cinco temas centrales sobre los que existen discrepancias o aspectos a mejorar:
- La frontera entre lo que debe regularse por ley y lo que puede dejarse a la reglamentación.
- La calidad regulatoria del propio proyecto.
- El régimen de importadores subsiguientes o múltiples.
- La carga de justificación aplicada a la regulación ya existente.
- El capítulo de evaluación del proyecto: la construcción de indicadores y la medición de resultados.
Para dinamizar el intercambio entre los senadores y las preguntas del público, se plantearon cinco preguntas disparadoras, entre ellas dónde ubicar el límite entre ley y reglamentación, si el estándar de necesidad y proporcionalidad exigido a nuevas regulaciones debería aplicarse también a las obligaciones que crea esta misma ley, qué justifica el plazo de un año en el régimen de importadores subsiguientes, cómo lograr que el informe al Parlamento mida resultados reales y no solo cumplimiento formal, y qué otros componentes del costo de vida y la competitividad deberían sumarse a la conversación pública en los próximos años.
Las miradas de los senadores
Bordaberry destacó que la orientación general del proyecto es buena, principalmente porque apunta a reducir regulaciones y aumentar la competencia. Puso el foco en las empresas pequeñas y muy pequeñas —según las cifras que manejó, unas 200.000 de las aproximadamente 220.000 empresas del país pertenecen a ese universo— y sostuvo que sus márgenes acotados hacen que pequeños errores de cálculo puedan definir su continuidad. Se refirió también al mecanismo del “silencio positivo”, que en determinados trámites haría que la falta de respuesta del Estado juegue a favor de quien lo presenta. Calificó como el corazón del proyecto la modificación del régimen de importadores subsiguientes, que permitiría que un mismo producto pueda ser traído al país por más de un importador, y advirtió que “muchas veces nos quejamos de los monopolios estatales y nos olvidamos de muchos monopolios privados”. En esa línea, anticipó que ese artículo recibirá presiones sectoriales para ser modificado durante el debate en Diputados, como ya ocurrió en el Senado. También cuestionó la necesidad de algunos mecanismos del proyecto, como el artículo 38, que encomienda al Poder Ejecutivo conformar un grupo de trabajo tras la promulgación de la ley.
Botana coincidió con varios de los puntos señalados por Bordaberry, aunque se mostró menos optimista respecto del impacto inmediato de las medidas, por considerar que todavía faltan otros elementos para completar la agenda de competitividad. Aun así, sostuvo que la línea de acción planteada por el proyecto puede derivar en un éxito rotundo a largo plazo, y resumió sus objetivos en cuatro grandes líneas: reducir la burocracia, simplificar trámites, disminuir costos, y generar más competencia y facilitación del comercio exterior.
Brenta defendió el proyecto desde la perspectiva del Frente Amplio, partido que acompañó su aprobación en el Senado, y puso el foco en las medidas de simplificación administrativa, en particular la creación de una ventanilla única para la apertura de empresas y el registro único de apoderados. Para el senador, este tipo de cambios es especialmente relevante para las pequeñas empresas, que suelen contar con menos recursos para destinar personal exclusivamente a gestiones administrativas.
Un debate que recién empieza
El cierre de la actividad, con preguntas del público proveniente de empresas, cámaras y organizaciones de distintos rubros, reflejó el interés que despierta un proyecto que, según coincidieron los expositores, aborda solo una parte de los factores que inciden en la competitividad y el costo de vida en Uruguay. El desafío, planteado por Veiga hacia el final del encuentro, es que la discusión no se agote con la sanción de la ley, sino que continúe en los próximos años, incorporando otros componentes del problema.
Es a través de este tipo de instancias que el IEEM procura aportar un análisis riguroso y una mirada de largo plazo a discusiones que, como la de la competitividad y el costo de vida, resultan clave para el futuro económico de Uruguay.
